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19
MAY
2017

¿Un asunto acordado en ruegos y preguntas puede alcanzar validez plena?

A pesar de que ni el art.16.2 LPH, ni ningún otro precepto, establece como obligatoria la inclusión dentro del orden del día de un apartado de ruegos y preguntas, en la práctica de las comunidades suele incluirse éste. Por tanto, ¿un asunto acordado en ruegos y preguntas puede alcanzar validez plena?

Los asuntos que se pueden tratar en el apartado ruegos y preguntas deben limitarse a aquellos asuntos no demasiado trascendentes, de orden interno y que, por su naturaleza o importancia económica jurídica, no merecen una convocatoria especial, pudiendo y debiendo no obstante ser tratados en la junta.

En lo relativo al problema jurídico de si es admisible la adopción de acuerdos prohibitivos en una junta de propietarios, no incluidos en el orden del día, es decir, en ruegos y preguntas, la jurisprudencia (STS Sala 1ª de 10 noviembre 2004 y STS Sala 1ª de 18 septiembre 2006, citadas ambas por la STS Sala 1ª de 5 febrero 2015) dice que lo que no puede hacerse es prescindir de toda mención al asunto, ya que la jurisprudencia exige que en el orden del día se consignen los asuntos a tratar en la Junta, para que puedan llegar a conocimiento de los interesados, porque de otra forma, siendo la asistencia meramente voluntaria, sería fácil prescindir de la voluntad de determinados propietarios. Por ello no considera admisible con carácter general la adopción de acuerdos que no estén en el orden del día, ni tan siquiera bajo el epígrafe de ruegos y preguntas, por considerarse sorpresivo para la buena fe de los propietarios (STS Sala 1ª de 10 noviembre 2004).

Lo que ratifica la STS Sala 1ª de 18 septiembre 2006 al decir que “el acuerdo adoptado, tal y como previene la Audiencia, requiere, por la naturaleza del mismo, la previa convocatoria, en la medida en que la falta de constancia en el Orden del día, puede generar indefensión para el propietario afectado, en la medida en la que no solo se trata, como sostiene la parte, de ejecutar un acuerdo previo, sino que en el punto 8º se adopta la decisión de que la puerta controvertida permanezca cerrada, con entrega de una llave al Presidente, cuestión que afecta directamente a los derechos dominicales del actor. ”

Matiza la citada STS Sala 1ª de 5 febrero 2015 que dicha doctrina no es aplicable cuando no se trata de establecer una prohibición, sino “de una reiteración de lo que estaba ya prohibido y que a la actual recurrente se le requiera para su cumplimiento”. En su caso, en una junta anterior, se aprobó el vallado de la piscina y si posteriormente se requiere a la actual recurrente el respeto y cumplimiento de aquel acuerdo, no se trata de un acuerdo nuevo, consistente en una prohibición, sino en el cumplimiento de lo que se acordó en su día; motivo por el que entiende esta sentencia que no es aplicable la doctrina jurisprudencial sobre la prohibición de tratar en ruegos y preguntas temas no incluidos en el orden del día, desde el momento en que no se trata de adoptar un acuerdo nuevo, sino de un requerimiento de cumplimiento de un acuerdo previamente adoptado en una Junta anterior.

En aplicación de esta doctrina la STS Sala 1ª de 2 julio 2015 declara que: “la adopción del acuerdo de inicio de acciones judiciales era consecuencia de previos acuerdos incumplidos por la hoy recurrente….

Es decir, la comunidad lejos de adoptar una postura activa se limitó a reconocer su necesidad de defensa, por lo que no se produjo indefensión ni sorpresa alguna en la hoy recurrente, pues lo adoptado en “ruegos y preguntas” era una consecuencia natural y previsible del previo inicio de acciones judiciales”.

Como expone la STS Sala 1ª de 16 diciembre 1987, aunque es necesario para que un acuerdo adoptado en junta general sea valido que el tema a discutir se haya puntualizado en el orden del día, algunas decisiones de simple administración se pueden adoptar en el turno de ruegos y preguntas pues es normal y propio de la vida real , que los comunitarios, usuarios de los elementos comunes, perciban deficiencias funcionales no observadas por la Junta Directiva o Presidente que confecciona el Orden del día y cuanto estas cuestiones surgidas en el seno de ella no merecen, por su naturaleza o importancia económica o jurídica, una convocatoria especial, pueden y deben ser tratadas en la Junta, siendo válido el consenso mayoritario que sobre ellas recaiga (SAP Tarragona de 21 mayo 1998).

En otro caso no se pueden tomar acuerdos que no estén en el orden del día, pues sería fácil burlar la voluntad de determinados copropietarios, consiguiendo en la junta convocada acuerdos diferentes de los señalados en dicho orden.

De acuerdo con las anteriores premisas es claro que amparándose en el apartado ruegos y preguntas no se pueden ni deben adoptar acuerdos sobre cuestiones, que excediendo los límites anteriormente reseñados, no hayan sido incluidas en el orden del día, pues se estaría entonces vulnerando el derecho a la información que asiste a los comuneros, según implica el art.16.2 LPH.

La necesidad de incluir los puntos a tratar en el orden del día subyace la idea de evitar que se adopten acuerdos sobre la cosa común sin dar la oportunidad a todos los copropietarios de opinar y votar sobre ellas, pues el comunero convocado para participar en una junta, decide en base al orden del día que se lo propone si tiene o no interés en acudir a la junta (STS Sala 1ª de 16 abril 1993).

No obstante, la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia entienden que los acuerdos que se adopten bajo el epígrafe de Ruegos y preguntas son susceptibles de convalidación a falta de impugnación en el plazo de caducidad de un año fijado en el art.18.3 LPH, para los actos contrarios a la ley o los estatutos.

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